Declaración del Consejo Directivo de la FA :: 24 de marzo «A 40 años, la democracia es bandera»

El Honorable Consejo Directivo de la FA emitió una declaración impulsada por Ana Mohaded, decana de la FA, en el marco del Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia que se conmemora el 24 de marzo y adhiere a la marcha convocada por la Mesa de Trabajo por los DDHH bajo el lema «A 40 años, la democracia es bandera», que se llevará adelante el viernes 24 de marzo desde las 17 horas en Colón y Cañada. 

Este 24 de marzo conmemoraremos en nuestro país el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.  La fecha se vincula con el inicio de la dictadura cívico militar de 1976 en Argentina, cuando se instaló una política de genocidio ejecutada desde los aparatos del Estado, en articulación también con el Plan Cóndor que hacía lo mismo en los países latinoamericanos de la región.

Esta conmemoración, que hoy se da en el marco de los 40 años de recuperación de la democracia, está ampliamente emparentada con los emblemas de la resistencia de los organismos de derechos humanos: las madres, las abuelas, les hijes, les ex presos políticos, les familiares. El 24 de marzo de cada año se fue transformando en un acontecimiento en el que convergen las diversas banderas de las organizaciones sociales, políticas culturales, económicas que luchan, sostienen y construyen propuestas de ampliaciones de derechos.

En esta fecha nos convocamos para reivindicar la lucha por un país más justo, libre y soberano, y para repudiar el terrorismo de Estado y los crímenes de lesa humanidad, que produjo al menos, 30.000 detenides desaparecides por razones políticas, 400 por razones de género, miles de asesinatos, más de 15000 prisioneres, el robo de aproximadamente 500 bebes, 660 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, censura informativa y cultural, el exilio o insilio obligado para  1.000.000 de personas, según los relevamientos y estudios disponibles.

Les universitaries son un porcentaje importante en esa cuantificación de víctimas y despojos. A 40 años seguimos tratando de armar el rompecabezas de nombres y personas que nos faltan. El exilio o el insilio produjeron un enorme vaciamiento en el campo del conocimiento, y a esos derroteros hay que sumarle les docentes y nodocentes e investigadores cesanteades, una marca que podemos rastrear al revisar el deterioro sobre la prestigiada calidad académica de nuestras casas de estudio, los cierres de carreras, las expulsiones de estudiantes, el saqueo de bienes, las intervenciones a los gobiernos, etc., etc. Nuestra Facultad de Artes tiene en su cuerpo esas marcas en primera persona, con el secuestro y asesinato de 28 estudiantes, el encarcelamiento, las cesantías y la expulsión de numerosas/os docentes, estudiantes, y egresadas/os; la clausura durante una década de los departamentos de Cine y Teatro, con consecuencias para esos campos de saberes que aun se vivencian; la pérdida de la autonomía que contaba la Escuela de Artes en ese entonces, y la pérdida de parte de su patrimonio material e inmaterial.

Sin embargo, como dice Rodolfo Walsh en su carta abierta a la Junta Militar, publicada el 24 de marzo de 1977: “Estos hechos, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son sin embargo los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. En un año han reducido el salario real de los trabajadores al 40%, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar, resucitando así formas de trabajo forzado que no persisten ni en los últimos reductos coloniales”. La política económica de la dictadura militar transformó radicalmente la estructura económica y social del país, al instalarse, entre otras cosas, un nuevo régimen de acumulación de capital, asentado en la actividad financiera y el desplazamiento y achicamiento definitivo de la producción industrial como eje de la economía nacional.

En el 2002, durante la presidencia del justicialista Eduardo Duhalde, se estableció por ley la conmemoración oficial del 24 de marzo como día Nacional de la memoria, por la verdad y la justicia. En 2006, durante el mandato de Néstor Kirchner se estableció por ley la condición de feriado de esa fecha. El modo de nominarla nos propone un modo de pensarla.

La Memoria indica siempre una interpelación del aquí y ahora que no se agota en ese momento, que se pregunta por el devenir, es un movimiento hacia adelante que no se tira de bruces a un abismo de incógnitas, sino que apela a recuperar la experiencia del pasado. La memoria es un proceso colectivo en permanente transformación, que se construye en consonancia con las tensiones sociopolíticas de la comunidad.  Construir y/o resguardar procesos de memorias pone en tensión más que la temporalidad, la sustentabilidad de los proyectos.  El trabajo sobre las memorias de la historia reciente vinculadas al terrorismo de Estado, es, desde el inicio de la democracia, un espacio de disputa sobre la legitimidad y la factibilidad de un proyecto comunitario más solidario y distributivo para nuestro país.

La Verdad propone una indagación activa y comprometida de la correspondencia entre lo real y el sentido que se le asigna en el mundo, tiene intima vinculación con el conocimiento como producción colectiva al servicio de las sociedades, e implica una valoración ética respecto de las consecuencias de ocultar o develar aquello que es de interés público, usadas –en general- la primera, como estrategia de dominación, mientras que las acciones que buscan develar suelen proyectarse en transformaciones liberadoras de las comunidades.  Como dice el pedagogo Peter Mc Laren, no es que la verdad en sí misma tenga un poder liberador, pero si el comprender que la verdad constituye los efectos de compromisos narrativos con el mundo, cuestión necesaria de atender en el sistema educativo. 

La Justicia es una consigna que se renueva ante cada derecho, sea por su reclamo o su consolidación.  Es garantía del funcionamiento democrático en prácticamente todas las dimensiones de la gestión de los bienes públicos, materiales y simbólicos. La justicia no es un decálogo que alguien pueda apropiarse. Como la memoria y la verdad, son cuestiones públicas y de construcción colectiva. Los asuntos que son justos –y lo son no por naturaleza sino por convenio entre las personas- no son iguales en todas partes, ni en todos los tiempos. Si hay una marca en el devenir de las luchas vinculadas a los organismos de derechos humanos de nuestro país y el ejemplo reconocido a nivel mundial, es la larga marcha – de más de 47 años-, reclamando justicia para los crímenes de lesa humanidad y sus solidarios modos de emparentarse con las demandas ante diversas violencias institucionales. Hoy a 40 años de democracia, nuevamente el reclamo está centrado en los modos de administrar justicia. Y sobre todo, hoy a 40 años de democracia, frente a los crecientes discursos y acciones de odio como estandarte político, de clase, de raza, de género, económico, cultural y social, se torna indispensable ratificar la consigna del “Nunca Más”. Un nunca más que nuestro país instituyó como mandato fundante de la democracia, un legado político, que deben tomar los poderes ejecutivo, legislativo y judicial como brújula de sus proyectos y acciones.

Por todo esto adherimos a la convocatoria de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba, con la consigna “A 40 años, la democracia es bandera”, que concentrará a las 17 horas, en Colón y Cañada. Desde esa ubicación, partirá la marcha histórica por la memoria, verdad y justicia.