Tras una multitudinaria marcha universitaria, el Congreso rechazó el veto a la Ley de Financiamiento

La ciudad de Córdoba fue escenario de una movilización histórica que coincidió con un hecho clave a nivel nacional: la Cámara de Diputados rechazó el veto presidencial y ratificó la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria, con 174 votos afirmativos, 67 negativos y 2 abstenciones.

Más de 100 mil personas marcharon desde Ciudad Universitaria hacia el centro de la ciudad en una jornada que mostró la fuerza del sistema universitario público. Docentes, nodocentes, estudiantes, autoridades de la UNC y de otras universidades cordobesas, junto con gremios, organizaciones sociales y ciudadanía en general, se unieron bajo una misma consigna: defender la universidad pública, gratuita y de calidad.

En el acto central se leyó un documento consensuado por la Federación Universitaria de Córdoba (FUC), el Frente Sindical y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en el que se remarcó la necesidad de garantizar presupuesto adecuado, salarios justos y becas que permitan la permanencia estudiantil.

La nueva ley busca actualizar el financiamiento universitario, recomponer los salarios docentes y ampliar el sistema de becas, con un costo proyectado de apenas 0,23% del PBI en 2025. Su aprobación llega tras años de caída del presupuesto, que dejaron como saldo infraestructura deteriorada, falta de insumos, salarios docentes con un 40% de pérdida del poder adquisitivo y becas insuficientes para sostener a estudiantes de menores recursos.

El sistema universitario argentino cumple un rol central: forma profesionales e investigadores de excelencia, produce conocimiento científico y tecnológico reconocido internacionalmente, y sostiene servicios sociales esenciales, desde hospitales universitarios hasta proyectos de extensión en territorios vulnerables. Sin inversión, todo ese entramado queda en riesgo.

La sanción de esta ley también envía un mensaje político claro: la movilización colectiva puede torcer decisiones y abrir caminos hacia un modelo de país que invierta en educación, ciencia e innovación como pilares del desarrollo inclusivo y sostenible. En un contexto donde los recortes alcanzaron hasta el 80% en programas de ciencia, tecnología y extensión, y donde los hospitales universitarios enfrentan serias dificultades, la ratificación de esta norma marca un punto de resistencia y esperanza.

Invertir en la universidad pública es invertir en el futuro: en una matriz productiva más diversificada, en la retención de talentos y en la posibilidad de un crecimiento con justicia social.