Ante el avasallamiento a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual

Frente a las últimas medidas tomadas por el PEN a través del nuevo Ministro de Comunicaciones de la Nación, el Consejo Directivo de la Facultad de Artes invita a la comunidad académica a firmar el petitorio en defensa de la plena aplicabilidad de la Ley 26.522  

Los abajo firmantes invocamos a nuestros representantes en las Cámaras de Diputados y Senadores de la Nación a defender la institucionalidad y plena aplicabilidad de la Ley Nº 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, sancionada en el año 2009 con amplia mayoría de ambas cámaras luego de un extenso e inédito debate social y ciudadano.

Lo hacemos desde un estado de alerta frente a los hechos acaecidos en las últimas horas, en relación a los cuales identificamos un avasallamiento de las funciones de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y un desconocimiento de la institucionalidad alcanzada en la conformación de los órganos colegiados creados por la referida ley.
El día viernes 11 de diciembre, en un acto que poca relación guarda con las expresiones vinculadas al republicanismo que expresó el actual Presidente de la Nación durante su campaña, asistimos a la vulneración -sin que mediara urgencia o razón fundada- , de una normativa que por primera vez en la historia de nuestro país definió a las comunicaciones audiovisuales como un derecho humano antes que como una mercancía, en sintonía y consonancia con los estándares internacionales sobre libertad de expresión y en respuesta a años de lucha de la sociedad civil organizada contra una ley vetusta, autoritaria y centralista heredada de la última dictadura militar que gobernó este país, y cuya vigencia se extendió por más de 29 años.
A menos de 24 horas de asumido su mandato, el Poder Ejecutivo Nacional cambia con un Decreto una Ley Nacional que no sólo contó con la legitimidad social que otorgan las luchas populares, sino que además de un modo inédito en nuestra historia se construyó a partir de una legitimidad republicana en la que los tres poderes del Estado convocaron a la ciudadanía mediante diferentes mecanismos de participación tales como Foros, Audiencias Públicas y Amicus Curiae a expresar sus argumentos favorables, críticos o disidentes, y a partir de ello ratificaron su plena constitucionalidad.
Por este motivo resulta preocupante la creación mediante Decreto Nº 13 del Ministerio de Comunicaciones anunciada en el Boletín Oficial de la Nación, por cuanto se coloca bajo su órbita a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Ley 26.522/09) y a la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC) (Ley 27.078/14), ambos organismos descentralizados y autárquicos que funcionan en el ámbito del PEN hasta el día de la fecha y cuya conformación colegiada y mandato desacoplado constituyeron conquistas democráticas sin precedentes. 
Al ubicar bajo la órbita ministerial a ambas autoridades, lejos de producir un virtuosismo institucional se genera una subordinación de todas las atribuciones de AFSCA y AFTIC a la figura del Ministro de Comunicaciones en tanto el Ministerio ejercerá de ahora en más las funciones de autoridad (art. 23. Inc. 4). Se trata en este sentido de una virtual intervención en organismos que se encuentran en pleno funcionamiento y que se han conformado a partir de las tres minorías parlamentarias y de representantes sectoriales, de las universidades, pueblos originarios etc.
Por otra parte se designa también el día viernes 11 de diciembre mediante Decreto Nª 26 al titular de un Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos que aún no ha sido creado, con lo cual más allá de los trascendidos en la prensa, la letra de la ley no ha hecho fehaciente su conformación, ni se ha indicado cuál será la continuidad y modo de conformación tanto de Radio y Televisión Argentina S.E como del Consejo Consultivo Honorario de los Medios Públicos vinculado a este organismo, o de los canales creados en el marco de la Televisión digital terrestre. 

Por estos motivos y ante la innecesaria zozobra en la que se coloca a una estructura institucional de conformación colegiada inédita en otras áreas del Estado, y a un sistema de medios públicos consolidado y en pleno funcionamiento, es que solicitamos a nuestros representantes parlamentarios no ratifiquen los mencionados decretos.

Petitorio para firmar en defensa de la Ley SCA