Por qué este juicio tiene tanta trascendencia hoy

Son numerosas las razones por las que la sentencia del próximo 25 de agosto será un hecho trascendente para la historia de Córdoba y la Argentina. Probablemente, la mayor de ellas sea colocar en la agenda pública el modo en que operó el Terrorismo de Estado en nuestra provincia, en un momento en que desde el Poder Ejecutivo de la Nación se cuestionan fuertemente con palabras y hechos los procesos judiciales que han permitido juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos en nuestro país entre 1975 y 1983.

Según el presidente Mauricio Macri, lo que ocurrió en aquellos años fue una “guerra sucia”, cuando este juicio, al igual que los anteriores, demuestra claramente que lo que arrasó a nuestro país fue el Terrorismo de Estado implementado por el denominado “Proceso de Reorganización Nacional”. El debate, por tanto, debe centrarse en delitos contra la humanidad que no deben repetirse y no en el número de personas desaparecidas. En este contexto, que el presidente descalifique a la madre de Plaza de Mayo Hebe de Bonafini como una “desquiciada”, cuando no quedan dudas de que la misma ha sido y es una figura central para que la democracia y el ejercicio de los Derechos Humanos se fortalezcan desde el retorno de la democracia en 1983 es, por lo menos, injusto.

Pero, además, en estos ocho meses del nuevo gobierno se han desarticulado numerosas dependencias que hacían de la prosecución de los juicios de lesa de humanidad una política de estado. Por caso, se desarticularon los siguientes organismos que proveían evidencias para los procesos judiciales:

• La Dirección Nacional de DDHH dependiente del Ministerio de Seguridad;                              
• La Oficina de DDHH de la Comisión Nacional de Valores y la subgerencia de Promoción de los DDHH del Banco Central, ambas instituciones que propiciaban la investigación de los delitos económicos perpetrados por militares y las cúpulas empresariales durante la dictadura;            
• La Dirección Nacional de DDHH y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa, que propició la desclasificación de documentos que comprometen el accionar de los militares durante la guerra de Malvinas;

Además, se desarticuló el Programa de Verdad y Justicia dependiente del Ministerio de Justicia, que proveía seguridad a los testigos de los juicios, luego de la desaparición de Jorge Julio López. También se desarmó el Centro Ulloa, el cual acompañaba y proveía asistencia a las víctimas y testigos de los juicios de lesa humanidad, además de víctimas de violencia institucional. El secretario de DDHH de la Nación, Claudio Avruj, ha asumido compromisos con los represores asesinos para otorgarles la prisión domiciliaria, pese a la violación sistemática de la misma, tal como ocurrió hace apenas una semana con el represor Luis Trillo. Además, el Ministro de Defensa, el radical Julio Martínez, habilitó la atención de los represores que están siendo juzgados en los hospitales militares, pese a que dos condenados aprovecharan la situación para fugarse en 2013. Finalmente, Germán Garavano, Ministro de Justicia y DDHH de la Nación, decidió la eliminación de más de 10.000 investigaciones periodísticas del portal Infojus, lo cual, sin dudas, constituye un acto de censura. Entre ellas, se destacan las notas que cubrían los juicios de lesa humanidad. Con un acto administrativo, han “borrado la historia”, según expresó Estela de Carlotto.

Probablemente, si el contexto fuera otro, las razones de la trascendencia de la sentencia de la megacausa La Perla serían distintas. Pero las políticas en contra de prosecución de los juicios de lesa humanidad de los últimos ocho meses colocan nuestra preocupación sobre lo que pueda llegar a suceder en el futuro como la principal razón.